Erradicar pobreza, prioridad nacional. Sheinbaum.

Por Ricardo Peralta

La historia reciente de México nos deja un dato que no se puede minimizar: 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. No fue un accidente ni una simple coyuntura económica. Fue el resultado de una decisión política clara, encarnada en la frase que Andrés Manuel López Obrador convirtió en eje de gobierno: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

En 2018, heredamos un país donde 41.9% de la población vivía en pobreza, más de 51 millones de mexicanos. Programas anteriores, como Prospera, servían más para administrar la pobreza que para erradicarla. Durante casi una década, las cifras se movieron poco, como si la desigualdad fuera una condena inamovible. Pero en seis años, ese paradigma se rompió.

El viraje tuvo nombre y apellidos: aumento real del 116% al salario mínimo, pensiones universales para adultos mayores, Sembrando Vida para cientos de miles de campesinos, y Jóvenes Construyendo el Futuro para millones de jóvenes sin oportunidades laborales. No fueron solo transferencias de recursos: se trató de una reestructuración económica que devolvió dignidad y capacidad de decisión a millones de familias.

El impacto está a la vista: la pobreza bajó al 29.6% en 2024, la pobreza extrema al 5.4%, el salario mínimo volvió a cubrir la canasta básica, y la pobreza laboral tocó mínimos históricos. Menos informalidad, más empleos con prestaciones, más acceso a salud, educación y vivienda. La política social dejó de ser asistencialismo y se convirtió en garantía de derechos.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum recibe una herencia que no es solo estadística, sino política y moral. En sus primeros meses ha dejado claro que mantendrá y ampliará este modelo, con la mira puesta en erradicar la pobreza extrema para 2030. El reto es consolidar lo logrado y blindarlo frente a los vaivenes políticos.

En perspectiva internacional, México se coloca junto a países como China, India o Brasil, que protagonizaron grandes reducciones de pobreza. Pero lo nuestro tiene un matiz singular: lo hicimos en seis años, con pandemia de por medio y choques inflacionarios globales. Y lo hicimos no desde el crecimiento económico desbordado, sino desde la redistribución, los salarios dignos y la universalidad de derechos.

Este es el punto: la justicia social no es caridad. Es inversión. Es estabilidad. Es cohesión. Cuando se gobierna para los pobres, se gobierna mejor para todos. México ya lo demostró. El reto ahora es no retroceder ni un paso.