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Javier Corral se ampara contra detención y denuncia a Maru Campos


Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, ha presentado un amparo que impide su detención en medio de una controversia legal que involucra a la actual gobernadora del estado, María Eugenia “Maru” Campos.


Según su equipo de abogados, Corral ha sido víctima de una persecución judicial motivada por razones políticas y ha procedido a denunciar a Campos, así como a otros funcionarios, por diversos delitos.


La defensa de Corral informó que el 14 de agosto de 2024 presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra María Eugenia C., Luis Abelardo V. y quienes resulten responsables, por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.


Los hechos habrían ocurrido durante un intento de detención que, según los abogados, fue frustrado por las autoridades locales, quienes actuaron conforme a Derecho al impedir una detención ilegal.


Ante esta situación, el equipo legal de Corral promovió un juicio de amparo indirecto, el cual resultó en la concesión de una suspensión provisional el 16 de agosto de 2024.

 

Esta medida garantiza que el senador electo no puede ser detenido por ninguna orden de aprehensión, quedando bajo la disposición de una jueza federal. Asimismo, se estableció una garantía económica de 120 mil 000 pesos para asegurar su comparecencia ante las acusaciones en su contra.


En un comunicado, la defensa de Javier Corral enfatizó que, contrario a las declaraciones del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Corral no es un prófugo de la justicia y continúa gozando de sus derechos políticos. “La calidad de prófugo de la justicia se demuestra, no se declara”, argumentaron, citando jurisprudencia y normativas que respaldan su postura.


Finalmente, se subrayó que la suspensión de derechos políticos sólo se justifica en el caso de un auto de vinculación a proceso, lo cual no ha ocurrido en el caso de Corral. Según sus abogados, suspender estos derechos sin que se le haya dado la oportunidad de defenderse vulneraría gravemente el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental en el sistema de justicia.

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